Ayuso anuncia nuevas rebajas en el IRPF como “contrapeso” al impuesto del Gobierno a las grandes fortunas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves una nueva rebaja fiscal que actuará de “contrapeso” al impuesto de solidaridad aprobado por el Gobierno, que también busca corregir la bonificación total del tributo de Patrimonio en algunas autonomías. Ayuso ha señalado que este incentivo fiscal se aplicará con dos condiciones: que la persona beneficiada venga de vivir al menos cinco años fuera de España y que invierta su patrimonio, “en lo que quiera, pero que genere riqueza”. Cumplidos esos requisitos, la Comunidad realizará una reducción del tramo autonómico del IRPF equivalente al 20% de la inversión realizada. La presidenta ha calificado al gravamen estatal a las grandes fortunas de “golpe confiscatorio contra el ahorro” y ha anunciado también que lo recurrirá ante los tribunales.

En su intervención en la segunda jornada de Spain Investors Day, la presidenta ha criticado duramente la aprobación del tributo promovido por el Gobierno: “Busca en realidad, recuperar a la fuerza en Madrid el impuesto de patrimonio que mi Gobierno no quiere cobrar y que apenas existe en ningún país de la UE, dejándonos en una situación de clara desventaja competitiva y expulsando el capital y las inversiones a países vecinos”. Ayuso ha defendido que el tributo estatal a las grandes fortunas supone una reducción de la inversión en Madrid de entre 1.200 y 1.600 millones al año, un 0,6% del PIB regional, 19.500 empleos menos y 200 millones menos en recaudación.

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, refrendado en diciembre por el Senado, surgió para contrarrestar la carrera a la baja iniciada por las comunidades autónomas respecto del impuesto de Patrimonio, y que encontró su máxima expresión en la Comunidad de Madrid. Esta fue la primera en bonificarlo al 100% y dejar en la práctica de recaudarlo. Andalucía siguió la estela de Madrid y lo puso en el centro del debate. Con el tributo, el Gobierno buscaba incentivar la eliminación de las bonificaciones autonómicas, que suponen una pérdida de ingresos tributarios para las administraciones regionales.

El incentivo fiscal se aplicará a todo tipo de inversiones, ha anunciado la presidenta: “Si un joven español tuvo que emigrar en la crisis de 2012, quiere volver a casa, se instala en Madrid con su familia, e invierte sus ahorros en comprarse una vivienda aquí por valor de 300.000 euros, va a tener un ahorro fiscal de 60.000 euros en su impuesto sobre la renta, que podrá repartir a lo largo de 6 años”. También ha puesto como ejemplos una inversión en bolsa de 12.000 euros, que supondría una reducción de 2.400. O el de un inversor norteamericano “que invierta 500.000 euros para que un restaurante madrileño pueda abrir en Nueva York”, y que podrá beneficiarse de un ahorro fiscal de 100.000 euros “siempre que se quede a vivir y opere en Madrid”.

Con la medida, ha defendido Ayuso, buscan dos objetivos: “Recibir a los madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia sea atendida en la mejor sanidad pública de el país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional”. Y, por otro lado, trasladar un “mensaje claro” a la comunidad inversora internacional: “Que en España hay contrapeso institucionales y una alternativa a este Gobierno”.