Infraestructuras
Las licitaciones entraron en barrena en 2011 y desde entonces no han remontado el vuelo, lo que ha llevado a fondos y constructoras a centrar su expansión en otros mercados
El Gobierno se prepara para dar el paso definitivo hacia la privatización de las torres de control aéreo de buena parte de la geografía española y la noticia ha hecho que grandes fondos de inversión y grupos de concesiones vuelvan la cabeza hacia un país que, para muchos, había perdido el interés después de una década de sequía de inversión pública.
Las licitaciones entraron en barrena en España en 2011. Desde entonces, no han remontado el vuelo. Esto ha obligado a los principales referentes del negocio concesional a desviar su esfuerzo inversor hacia otras geografías.
Los últimos datos de la patronal Seopan, que representa a gigantes como Acciona, ACS, FCC, Ferrovial o Sacyr; el volumen de inversión pública se ha mantenido en niveles mínimos desde hace más de diez años, cuando se produjo la primera gran caída desde los casi 10.500 millones licitados de 2010. En 2021, último año del que se tienen datos definitivos, el volumen licitado fue de 490 millones.
Ahora, la perspectiva de que las torres de control de siete de los aeropuertos más activos del país dejen de estar bajo el paraguas del Estado, se ha convertido en un aliciente para la inversión. Se trata de las bases de Bilbao, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Santiago, Tenerife Sur y Tenerife Norte. El sector privado espera con impaciencia que el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez lance el proceso de audiencia pública de la orden ministerial donde se recogerán los detalles de la próxima liberalización.
“Es pronto para valorar nuestro interés, pero si las condiciones que ofrece el Gobierno son atractivas, es probable que pujemos por algún lote”, señalan desde una de las principales constructoras del país. En el sector privado esperan que Transportes estructure así el concurso sobre los siete aeropuertos, en paquetes que incluirán varias instalaciones. “Hay bases especialmente buenas, como las dos de Tenerife o el aeropuerto malagueño, donde el tráfico es muy fluido casi todo el año, y otros menos buenos”, apuntan fuentes del sector.
La privatización de los puestos de control aéreo viene de atrás. El proceso, de hecho, comenzó en 2011. La gestión de los aeropuertos de Sabadell, Madrid-Cuatro Vientos; A Coruña, Alicante, Ibiza, Jerez, Sevilla, Valencia, Vigo, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura ya se encuentra en manos privadas. En España, dos proveedores se reparten el pastel, Saerco y Ferronats, esta última es la antigua filial de Ferrovial que la constructora española vendió hace un año al fondo Portobello.
La futura licitación de torres promete abrir el apetito no solo de estos dos proveedores, sino de otros grandes fondos de infraestructuras, incluso, de compañías líderes en el negocio concesional.
Para el Gobierno, el traspaso de los puestos de controladores aéreos a manos privadas también conlleva beneficios. El primero, se ha demostrado que el sector privado logra rentabilizar estas instalaciones en mucha mayor medida que el sector público. Así lo acreditó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya en 2018 apuntó a una mejora de la eficiencia de los aeropuertos liberalizados del 60%.
El segundo es que este proceso implica dejar al cuidado de los futuros gestores los eventuales conflictos laborales de un colectivo profesional históricamente muy reivindicativo.
Los controladores anticipan que la culminación del proceso de privatización mermará las condiciones laborales del sector, como ya ha ocurrido en las infraestructuras que han quedado bajo la gestión privada. De hecho, desde el pasado 30 de enero, los controladores de los aeropuertos privatizados están en huelga por el atasco en la negociación del cuarto convenio. El reclamo de este colectivo pasa por recuperar algunas de las condiciones laborales de las que siguen disfrutando sus iguales que trabajan en las torres controladas por la empresa pública Enaire. La otra cara de la eficiencia de la gestión privada.
Conforme a los criterios de
