El Gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca pese a las críticas del Banco Central Europeo (BCE) y recuerda que la opinión de este organismo no es vinculante para España. Casi al mismo tiempo que se conocía este jueves el informe del organismo que presidente Christine Lagarde, con serios reparos a la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados ratificaba también su propósito de elaborar un marco legal para poner en marcha tanto este impuesto como el que gravará los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Fuentes del Ministerio de Economía subrayaron que el BCE no se ha manifestado contra la creación de este gravamen, temporal y extraordinario, sino que emite una serie de “recomendaciones” que ya “fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de formular la propuesta”. El departamento que dirige Nadia Calviño argumenta que en los nueve primeros meses del año las entidades financieras van a cosechar otro “fuerte incremento de los beneficios” como consecuencia, entre otras cosas, del alza de los tipos de interés. Y añade que sus estudios apuntan a que el gravamen no tendrá “un impacto significativo” en la banca, “tanto por su naturaleza temporal como por su calibración y diseño”.
El informe del BCE se conoció apenas unos minutos antes de que el Congreso volviese a debatir sobre el asunto, en el último trámite antes de comenzar la elaboración de la ley que regulará los nuevos impuestos a algunas grandes compañías. El debate constató que la iniciativa concita un amplio apoyo en la Cámara, aunque se da por hecho que tendrá que sufrir modificaciones importantes durante su trámite. El BCE proporcionó munición a la derecha, que cargó con renovada dureza contra la propuesta.
Un proyecto “arbitrario” y “sin seguridad jurídica”
El Congreso debatía una enmienda la totalidad de Ciudadanos a la iniciativa de los partidos del Gobierno. La formación liberal, que en un primer momento había rechazado de plano la idea del Ejecutivo, no cuestionaba ahora la creación de los impuestos, sino que proponía un texto alternativo a lo que considera una “chapuza jurídica”. Su propósito era acotar los gravámenes a los beneficios considerados “extraordinarios” —un 20% más de lo habitual— de las compañías, pero nadie le secundó.
Entre los aliados del Gobierno no se registraron fisuras en la defensa de la necesidad de implantar estos gravámenes. “Todos los percibimos como justos”, enfatizó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. Pero todos expresaron también su deseo de introducir modificaciones. Al PNV y al PDeCAT —el ala más centrista de la base aliada del Ejecutivo— algunos aspectos les suscitan dudas jurídicas. Y los grupos a la izquierda, como ERC, Bildu y el BNG, reclamaron endurecer las medidas fiscales y darle carácter permanente.
Fueron PP y Vox quienes apelaron al informe del BCE, cuyas líneas generales acababan de conocer, para descalificar por completo la iniciativa gubernamental. Los populares venían emitiendo señales contradictorias en las últimas semanas. Primero criticaron el impuesto a las energéticas y luego matizaron su posición, cuando la Comisión Europea recomendó a los países adoptar medidas similares. En esta ocasión, el PP recuperó su discurso más crítico. El diputado Gabriel Elorriaga solo se mostró expresamente contrario al impuesto a la banca, pero su análisis del conjunto de la propuesta fue una descalificación de principio a fin. El proyecto arroja un conjunto de “desmanes”, es “arbitrario” y “sin seguridad jurídica”, afirmó Elorriaga, quien lo situó como un peldaño más en el “brutal incremento de la presión fiscal” en España. Rubén Manso, de Vox, se extendió en detalles más técnicos y se sirvió del informe del BCE para sostener que las entidades financieras acabarán repercutiendo los costes en los clientes o en los empleados.
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