El Supremo estima el recurso de Ence y permite a la fábrica de celulosas mantenerse en la ría de Pontevedra

La fábrica de celulosa de Ence se queda en la ría de Pontevedra. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado este martes los recursos presentados por el grupo papelero contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que en 2021 anuló la prórroga que le había concedido el Gobierno de Rajoy cinco años antes y que extendía al año 2073 el límite temporal para su actividad. De esta forma, el alto tribunal avala que la fábrica se mantenga al pie de la ría de Pontevedra, dado que considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores en un suelo afectado por la Ley de Costas.

La situación de la fábrica de celulosa, ubicada desde 1959 en terrenos públicos al pie de la ría que se adentra en la ciudad de 83.000 habitantes, ha dividido durante años a los vecinos y a la clase política frente a la unidad de una plantilla que, con el apoyo de los sindicatos, ha defendido hasta la sentencia de este martes la continuidad de los puestos de trabajo por encima de todo.

La Sala considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables. En el asunto analizado, constaban informes favorables de la Administración en esa materia. La reforma impulsada por el PP en la Ley de Costas en 2013 fue determinante en su día para que el Gobierno de Rajoy, en funciones, le concediese el permiso. Sin él, la compañía tendría que haber desmantelado la planta en 2018.

Ahora la empresa respira tranquila. En un comunicado, resalta que “las sentencias del Tribunal Supremo despejan la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las 5.100 familias vinculadas a su actividad. Asimismo, aportan a la compañía la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica”. También las cuentas del grupo lo notarán, y mucho. “La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrá un impacto positivo estimado de 169 millones de euros en el beneficio de la empresa de 2022″.

Proceso de diálogo

El grupo es consciente de que, más allá del fallo, una gran parte de la sociedad, desde organizaciones ecologistas a entidades vecinales y el propio Ayuntamiento, seguirán peleando contra su permanencia, aunque la sentencia sea firme. De hecho, los que se oponen a que siga fabricando pasta de celulosa al pie del mar recuerdan que la concesión de los 612.500 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre que ocupa en la marisma de Lourizán fue otorgada por una orden ministerial de la dictadura. Por eso el presidente de la firma, Ignacio Colmenares, se ha apresurado a pedir calma. “Queremos seguir escuchando la voz de todos”, aseguró en el comunicado. “Esta invitación al diálogo y a la escucha activa incluye también a los colectivos más críticos con la actividad de Ence Pontevedra, a los que volveremos a invitar a reunirse con nosotros”.

Uno de los puntos que su empresa deberá abordar será la reanudación de las inversiones paralizadas por la incertidumbre que hasta ahora pesaba sobre su futuro. Inversiones que durante los últimos años fueron redireccionándose hacia su fábrica de Navia, para la que aprobó un plan de 105 millones en mejoras. Por el momento, la empresa ha mencionado que su compromiso se trasladará al plan social que desarrolla en la comarca “de forma inmediata”.

El contenido íntegro de las sentencias, que contarán con el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, se conocerá en los próximos días. La noticia ha provocado un repunte de la cotización de la empresa, que a las tres de esta tarde avanzaba un 17% tras una mañana plana.