La cadena alimentaria afronta un fin de año en una situación de máxima tensión en los diferentes eslabones que la componen. El contexto inflacionario, marcado por el encarecimiento constante de la energía y las materias primas, ha arrastrado al conjunto del sector a una espiral de subidas de precios que hoy forma parte del debate político, y que no tiene visos de revertirse en los próximos meses, en la medida que la situación energética puede seguir empeorando con la llegada del otoño.
Un debate político y empresarial
Cesta. Yolanda Díaz abrió la semana lanzando su propuesta para atajar la escalada de precios: “Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores (…) que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios”, dijo. Las últimas tres palabras levantaron polvareda en el sector empresarial y el Gobierno. “Cualquier otra interpretación respecto a limitar los precios o respecto a una regulación máxima está fuera de normativa”, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “No tengo previsto llevar a cabo ninguna medida para intervenir una cadena [la alimentaria] que funciona de forma adecuada”, apuntó el ministro de Agricultura, Luis Planas. La idea de ese “tope” referido por Díaz pasó, en el transcurso de la semana, a un acuerdo con distribuidores similar al que se hizo en Francia en 2011, cuando estos pusieron a disposición cestas con productos básicos a precios asequibles. En la cita de hoy con patronales y consumidores estará, junto a Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón. La CNMC, por su parte, ya ha advertido que limitar el precio de los alimentos va contra la legislación comunitaria.
