La Comisión Europea espera una recaudación de hasta 140.000 millones de euros con el tope a los beneficios extraordinarios de las empresas de generación inframarginal, como la nuclear o las renovables, que producen energía a coste relativamente bajo en estos momentos (117.000 millones), y las que lo hacen a partir de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo (otros 25.000). Así lo ha indicado la presidenta Ursula von der Leyen este miércoles en su Discurso sobre el Estado de la UE.
“Los Estados miembros de la UE han invertido ya miles de millones de euros en asistencia a los hogares vulnerables, pero sabemos que no será suficiente. Por ello, proponemos limitar los ingresos de las empresas que producen electricidad a bajo coste. Estas empresas están obteniendo unos ingresos con los que no contaban, con los que ni siquiera soñaban. En nuestra economía social de mercado, los beneficios son positivos, pero en los tiempos en los que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan. Nuestra propuesta recaudará más de 140 000 millones de euros que permitirán a los Estados miembros amortiguar el golpe de manera directa”, ha dicho sobre el tope que los ministros de Energía aceptaron el pasado viernes.
Este mediodía el vicepresidente Frans Timmermans ha explicado algunos de los detalles. El objetivo es atacar la subida de los precios, garantizar el suministro durante el próximo invierno, reducir el consumo y “redirigir” los beneficios extraordinarios de las empresas que más se están beneficiando de la escalada energética. La vía escogida para las fósiles es una “contribución solidaria” eufemística de hasta el 33% sobre los beneficios de 2022 que estén por encima del 20% de aumento sobre los beneficios medios de los tres años anteriores. Igualmente, se aplicará un tope de 180 euros al megavatio hora generado por energías inframarginales (como la nuclear y las renovables) y a partir de ahí el Estado redistribuirá.
“Debido a que estamos inmersos en una crisis de combustibles fósiles, la industria de los combustibles fósiles también tiene una obligación especial. Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón también están obteniendo enormes beneficios. Y por eso tienen que pagar una parte equitativa: tienen que aportar una contribución contra la crisis. Todas estas son medidas de emergencia y temporales en las que estamos trabajando, incluido el debate sobre la limitación de precios”, ha dicho Von der Leyen.
Dentro de la propuesta está también un intento de reducción obligatoria y lineal en el consumo eléctrico, que sería del 5% en las horas punta y que aspira a reducir al 10% el total del consumo en 2023, pero dando a cada Gobierno mucha libertad para escoger la vía de hacerlo sin dañar a su tejido productivo Tendrían que identificar el 10% de horas más punta y actuar sobre esa franja.
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Contribuciones ‘solidarias’
“Los productores inframarginales han estado obteniendo ingresos excepcionales, con costos operativos relativamente estables, ya que las caras centrales eléctricas de gas han elevado el precio mayorista de la electricidad que reciben. La Comisión propone fijar el tope de ingresos inframarginales en 180 EUR/MWh. Esto permitirá a los productores cubrir sus inversiones y operaciones sin que la inversión en nuevas capacidades en línea con nuestros objetivos de energía y clima para 2030 y 2050 se vea afectada. Los ingresos por encima del límite serán recaudados por los gobiernos de los Estados miembros y utilizados para ayudar a los consumidores de energía a reducir sus facturas”, dice la propuesta hecha hoy.
La Comisión calcula que los Estados miembros podrían recaudar hasta 117.000 millones de euros del límite temporal de ingresos propuesto para los productores de electricidad inframarginales cada año. Los ingresos excedentes recaudados deberán ser canalizados por los Estados miembros hacia los consumidores finales, ya sean privados o comerciales. Estos ingresos, dicen los comisarios, se pueden utilizar para proporcionar apoyo a los bajos ingresos, reembolsos, inversiones en energías renovables, eficiencia energética o tecnologías de descarbonización. “La cantidad exacta de ingresos en cada Estado dependerá de la cantidad de electricidad generada a partir de tecnologías inframarginales en el país y del nivel de los precios de la electricidad durante el tiempo de aplicación de estas medidas. “Variará en función de la combinación energética y del diseño de los planes de apoyo a las energías renovables en cada Estado miembro”, dice la propuesta.
Algunos gobiernos estiman que ese umbral es demasiado alto, que no tiene sentido y es un incentivo perverso, y argumentan que el buen recibimiento en el mercado hace unas semanas cuando se empezaron a filtrar números (entonces se barajó 200 euros por MW/h) es la prueba de ello. La comisaria de Energia, Kadri Simson, apunta en respuesta a una pregunta de este diario que el umbral máximo de 180 euros tiene sentido y es necesario a nivel europeo, pero que cada Estado Miembro puede desde luego imponer topes más bajos si lo estima conveniente y puede ajustarlos a su mix.
“Es importante recalcar que permitimos que los Estados Miembro sigan poniendo sus propios topes si los tienen, eso vale para España o Grecia por ejemplo. Y los que tienen umbrales más bajos pueden adaptar los límites para diferentes tecnologías. Pero 180 euros creemos que es un análisis apropiado. Hace falta un tope a nivel europeo que asegure que se cobra lo necesario para las inversiones y tecnologías, y las que son más caras en la producción tienen costes operativos que sí están en ese umbral”, ha explicado.
La Comisión anima a los estados que comercializan electricidad a cerrar “acuerdos bilaterales para compartir parte de los ingresos inframarginales recaudados por el Estado productor en beneficio de los usuarios finales en el Estado miembro con baja generación de electricidad. Dichos acuerdos se concluirán a más tardar el 1 de diciembre de 2022 cuando las importaciones netas de electricidad de un Estado miembro desde un país vecino sean al menos del 100 %”, dice la documentación
Medidas “temporales”
“La contribución solidaria temporal basada en las superávits obtenidos en el ejercicio fiscal 2022 en las empresas energéticas de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías de la Unión podría aportar una estimación de unos 25.000 millones de euros de ingresos públicos, que los Estados miembros redistribuirán con sujeción al cumplimiento del Derecho de la Unión”, dice el documento.
Esta contribución del 33%, “limitada en el tiempo, mantendrá los incentivos de inversión para la transición verde. Los Estados miembros lo recaudarían sobre los beneficios de 2022 que estén por encima del 20 % de aumento sobre los beneficios medios de los tres años anteriores. Los ingresos serían recaudados por los Estados miembros y redirigidos a los consumidores de energía, en particular, los hogares vulnerables, las empresas más afectadas y las industrias que consumen mucha energía. Los Estados miembros también pueden financiar proyectos transfronterizos en consonancia con los objetivos de REPowerEU o utilizar parte de los ingresos para la financiación común de medidas de protección del empleo o promoción de inversiones en energías renovables y eficiencia energética”, propone la Comisión
Las instituciones insisten en que estas medidas son y deben ser coyunturales, pero hay también una petición expresa para establecer índices de referencias más representativos, pues algunos como el Servicio de Transferencia de Títulos /TTF) usado para el gas ha quedado obsoleto. Y en un cambio sistémico. “Por lo tanto, tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad. Para ello, llevaremos a cabo una reforma profunda e integral del mercado de la electricidad”, ha dicho la presidenta de la Comisión. “No se trata de poner parches, sino de cambiar el paradigma y saltar hacia el futuro”.
Hace unos meses no era sólo imposible, sino impensable, y cuando algunos países como España lo mencionaban todo era rechazo, burlas y bromas. El objetivo sigue siendo preservar el mercado y todas las partes buenas y funcionales tras décadas de lenta construcción, pero la intervención dejó de ser tabú hace decenas de euros por Megawatio hora.
No hay todavía consenso en poner un tope al precio del gas importado de Rusia (o de otras jurisdicciones más amigables) y falta trabajo técnico para las líneas de liquidez a los operadores asfixiados por los colaterales que tienen que presentar para trabajar cada día, pero Bruselas espera una solución o una propuesta para ambas cosas antes de finales de mes, cuando los ministros del gremio volverán a reunirse en Bruselas.
Medidas nacionales compatibles
El paquete aprobado hoy recoge varios aspectos sobre cómo coordinar medidas y sobre si lo propuesto es compatible con medidas nacionales ya en vigor. Y la respuesta es que sí. “Los Estados miembros deben tener libertad para elegir las medidas apropiadas para lograr los objetivos de reducción de la demanda, incluida la expansión de los sistemas existentes o los incentivos nacionales para desarrollar la demanda”, dicen los papeles.
“Los Estados miembros conservan el derecho a introducir medidas más ambiciosas tanto en términos de reducción de la demanda como de limitación de los ingresos de los productores de electricidad, siempre que sean proporcionadas, no distorsionen el funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad, no pongan en peligro la inversión y se ajusten al Derecho de la Unión. En cuanto a la contribución solidaria, la Comisión ha propuesto una tasa mínima que se considera justa y proporcionada. Los Estados miembros podrían decidir ir por encima de este mínimo y aplicar una tasa más alta, o pueden combinar la nueva contribución con medidas similares existentes ya introducidas a nivel nacional. También pueden optar por aplicar la contribución solidaria a un conjunto más amplio de empresas, siempre que sea compatible con el Reglamento propuesto”, dice con claridad el papel.
Hubo en algún borrador inicial ideas sobre prohibir medidas nacionales sobre beneficios si se aprobaba el tope, pero en la propuesta final y oficial no hay ninguna referencia, ha desaparecido. Fuentes comunitarias explican que propuestas como la de España, que quiere gravar con un 1,2% la facturación de las grandes energéticas, deben ser evaluadas, pero que si van en la misma línea que la Europea y persiguen el mismo objetivo podrían mantenerse. Si la legislación sale adelante la Comisión lo analizará de la mano con nuestro país.
“En este caso está claro que una afecta a ingresos y otra beneficios, así que hay que evaluar cuidadosamente los parámetros, habrá consultas. Estamos al corriente de que hay países que piden toda la flexibilidad”, indican fuentes comunitarias. “No hacemos ningún requerimiento ni referencias a que los estados tengan que retirar o abolir o congelar medidas nacionales. Pero os gobiernos deben asegurarse de que sus medidas, que buscan objetivos similares a la contribución solidaria, cumplan o complementen la regulación”, añaden las mismas fuentes. “Se habla con los Estados para que le evaluación sea conjunta y con suerte llegar a la misma conclusión”, zanjan.
Lo mismo ocurre con el mecanismo de excepción ibérico. “Las medidas ibéricas, si llegan al mismo objetivo que nuestra propuesta actual, sí, sin duda pueden seguir implementándolo como está ahora. Y por los análisis que hemos hecho, sí, llega a esos objetivos”, explican en Bruselas. Así que nuestro país puede seguir su camino, y puede poner igualmente un tope más bajo si lo desea, lejos del 180 mW/h requerido.
Apoyo del PP europeo
“Nos preocupamos por los pobres de nuestras sociedades y por nuestras economías, especialmente a las Pymes. Los tiempos de crisis exigen liderazgo y el PPE apoya la propuesta de la Comisión presentada hoy sobre el apoyo a Ucrania, pero también para dar una respuesta a los precios al alza de la energía”, ha dicho el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, en su reacción al discurso. El Partido Popular español está en contra de los impuestos o los recortes a los beneficios extraordinarios, pero la familia europea ha tomado una posición más marcada.
“Los mercados están obviamente especulando contra la solidaridad europea antes de un invierno que será realmente duro. No es normal en un mercado. Scholz tuvo que llamar a Macron para abrir un gasoducto, y seríamos más independientes si España estuviera mejor conectada con el mercado europeo del gas. Si es cierto que el invierno será duro debemos utilizar todas nuestras fuentes de energía. Alemania no puede dejar de producir electricidad nuclear y por otro lado pedir a los holandeses que pidan solidaridad gasística”, ha añadido.
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