La OCDE eleva en un 50% su previsión de ingresos por el impuesto mínimo a las multinacionales

La pandemia antes y el tsunami energético después han transformado la incertidumbre en rutina y la elaboración de las previsiones económicas en un ejercicio de alto riesgo. También han certificado que cada crisis tiene perdedores, un saco en el que siempre caen los más vulnerables, y a la vez ganadores, en este caso un ramillete de grandes empresas que han engordado sus márgenes al calor de una coyuntura desafortunada para la mayoría. Este aumento de los beneficios corporativos, sin embargo, tiene una doble lectura: supondrá más ingresos tributarios para los Estados cuando se aplique el nuevo marco fiscal internacional acordado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo, en un documento publicado este miércoles, cree que el tipo mínimo del 15% a las multinacionales brindará 220.000 millones (unos 203.000 millones de euros), un 46% más de lo previsto en 2021, cuando se alcanzó un consenso entre 135 países para frenar la elusión fiscal de las grandes empresas. El nuevo esquema para reasignar los beneficios empresariales entre países —la otra pata del pacto global— afectará por su parte a una porción mayor de ganancias corporativas: 200.000 millones de dólares (184.000 millones de euros), 75.000 millones más de lo calculado inicialmente. Además del alza de los beneficios empresariales, en esta mejora influye el acceso a datos de más calidad y cambios en el diseño del nuevo sistema.

Coordinado por la OCDE y el G20 entre constantes tira y afloja, diatribas técnicas y choques políticos, el acuerdo ha tardado casi ocho años en ver la luz. Su objetivo principal es deshacer las anteriores reglas del juego, que vinculaban el pago del impuesto de sociedades a la presencia física en el territorio. Con el auge de la globalización y de los negocios digitales este supuesto ha perdido su sentido, ya que las empresas pueden conseguir clientes, ingresos y beneficios en cualquier territorio, incluso sin necesidad de tener ahí establecimientos o trabajadores. En función de esta misma lógica, las compañías también consiguen desviar ganancias a países con bajos impuestos y reducir su carga fiscal. Una práctica que se ha extendido a partir de la década de los noventa y que ha desencadenado efectos perversos: ha impulsado una carrera tributaria a la baja entre Estados y supone cada año una merma de entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial en el impuesto de sociedades.

Las dos medidas consensuadas en seno internacional —conocidas como pilar uno y pilar dos, en jerga técnica— prevén, por un lado, conceder a través de un nuevo esquema de reparto de beneficios corporativos unos derechos impositivos también a aquellos países donde las mayores multinacionales no tienen presencia física, pero sí hacen negocio. Es decir, obligará a los grandes grupos —unas 100 empresas, calcula la OCDE— a pagar una parte de impuestos en todos los territorios donde operan. Por otro lado, se fija un suelo del 15% en el impuesto de sociedades: si una empresa paga un porcentaje inferior en una de las jurisdicciones donde opera, abonará la diferencia en el territorio donde tenga sede su matriz.

“No se quiere eliminar del todo la competencia fiscal internacional, pero sí fijar un suelo”, ha subrayado este miércoles David Bradbury, director adjunto del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, en una videoconferencia en la que ha recordado que estas últimas previsiones son preliminares porque todavía aún hay flecos técnicos por cerrar. De hecho, la implementación práctica del acuerdo se ha atrasado y no se espera antes de 2024. El organismo de momento calcula que la mejora en la previsión de recaudación por el tipo mínimo —equivalente al 9% de los ingresos globales por el impuesto de sociedades— se debe una mejora de los datos disponibles, que ha evidenciado un incremento de las ganancias gravadas a tipos bajos, así como a cambios en el diseño de la medida. En el caso de los derechos impositivos, en el ajuste del pronóstico —el alcance pasa de 125.000 a 200.000 millones de dólares de beneficios— influyen tanto modificaciones técnicas como unas ganancias corporativas superiores a lo esperado, sobre todo en 2021.

Según el análisis, hasta la mitad de los beneficios sujetos al llamado pilar uno provendría de los gigantes tecnológicos, en los que engloba a empresas de telecomunicaciones, plataformas digitales o fabricantes de bienes electrónicos como móviles o semiconductores. El otro 50% llegaría de empresas de otros ámbitos, en el que destacan las farmacéuticas, que con la pandemia han elevado sus márgenes, o la alimentación. Este sistema se traducirá en una recaudación adicional de entre 13.000 y 36.000 millones de dólares a nivel global con datos de 2021. Si se considerara el promedio 2017-2021, la horquilla sería de entre 12.000 y 12.000 millones.

“Los incrementos significativos en la recaudación tributaria subrayan la importancia de implementar rápidamente ambos pilares para todos los países”, señala la OCDE, que publica sus nuevas estimaciones mientras que en Davos se celebra el Foro Económico Mundial. El evento, que reúne a la crème de la crème del mundo político y económico, no ha pasado por alto en esta edición el daño que el actual vórtice inflacionista está causando a los más desfavorecidos a la vez que enriquece a los pudientes, la guinda en el pastel de un mundo que ha crecido con fuerza gracias a la globalización a costa de enquistar profundas desigualdades. En numerosas mesas de debate se ha abordado el aumento de la desigualdad tras la crisis de la pandemia y la guerra y la necesidad de que las élites económicas y las grandes multinacionales contribuyan más para atajarla. Oxfam Intermón ha puesto recientemente números a este fenómeno: calcula que el 1% más acaudalado se hizo con el 63% de la nueva riqueza generada en todo el mundo entre finales de 2019 y de 2021, mientras que unos 1.700 trabajadores perdían poder adquisitivo por el repunte de precios.

De momento, varios países han dado pasos tangibles para poner en marcha el nuevo marco internacional contra los tinglados fiscales de las multinacionales, sobre todo con respecto al tipo mínimo, menos complicado de aplicar y cuyos detalles técnicos están en un nivel más avanzado. La UE, después de meses de choques y reticencias, alcanzó un consenso en diciembre sobre un suelo comunitario del 15% que sustituya los esquemas nacionales que ya funcionan en varios Estados miembros, entre ellos España. En la misma dirección se han movido el Reino Unido o EE UU. También Singapur, Sud África, Hong Kong o Suiza han anunciado que implementarán de la norma, y otros como Australia o Malasia han abierto las consultas públicas para su puesta en marcha.

“La implementación generalizada ayudará a estabilizar el sistema fiscal internacional, mejorará la seguridad fiscal y evitará la proliferación de impuestos unilaterales sobre los servicios digitales y las disputas fiscales y comerciales asociadas, que según el análisis de la OCDE podrían reducir el PIB mundial hasta en un 1% anual”, añade el documento publicado por el club que representa a las economías más avanzadas del mundo.

Países en desarrollo

Los ingresos adicionales aportados por el nuevo marco fiscal se repartirán entre países de bajos, medios y altos ingresos, mientras que los denominados centros de inversiones —paraísos fiscales o Estados con tributación agresiva, como los Países Bajos— serán los más perjudicados. La OCDE señala que algunas de las últimas modificaciones técnicas beneficiarán sobre todo a los países en desarrollo, entre ellas medidas que protegen las jurisdicciones más pequeñas de la pérdida de derechos impositivos o la prioridad asignada a las naciones en desarrollo cuando no se pueda determinar con claridad la ubicación de los clientes de las empresas.