La reforma eléctrica de Moncloa aboca a otra batalla con las energéticas por el control de la transición verde

La propuesta de Moncloa para rediseñar el mercado energético europeo supone desplazar el bastón de mando del despliegue renovable desde el sector privado hacia el Estado

El Gobierno quiere convencer a Europa de dinamitar el pool, el actual mercado mayorista eléctrico, casi por completo. La hoja de ruta de Moncloa pasa por impulsar los contratos de venta de energía a plazo para reducir la volatilidad de la factura. En la práctica, la letra pequeña de la propuesta del Ejecutivo implica una intervención los precios de las renovables, la nuclear y la hidráulica, un planteamiento que amenaza con abrir un nuevo frente entre el Gobierno y las grandes energéticas por el control de la transición verde.

El Gobierno envió ayer su propuesta a Bruselas, según fuentes del Ejecutivo. Las líneas maestras del documento pasan por sacar las renovables, la hidráulica y la nuclear (conocidas como inframarginales en la jerga del sector) del mercado mayorista. Las primeras (eólica y fotovoltaica) pasarían a vender su energía a través de contratos por diferencia (CfD), en los que se marca un precio máximo y, si al término del contrato el precio de la electricidad ha superado el tope fijado, el productor recibe la diferencia.

En el caso de la hidráulica y la nuclear, el Gobierno plantea que además del contrato por diferencia reciban un incentivo por disponibilidad. Para los ciclos combinados, que emplean gas para producir electricidad, recibirán una retribución por capacidad cuyo coste repercutiría en todo el sistema. En definitiva, una intervención total de los precios.

La clave es cómo se va a fomentar el mercado a plazo. Hay dos opciones, bien a través de contratos bilaterales (PPA) firmados entre las partes, bien mediante subastas semirreguladas.

El documento divulgativo que difundió ayer el Gobierno no especifica esta cuestión, pero fuentes de la Secretaría de Estado de Energía apuntan que el Ejecutivo va a priorizar las subastas. Esto obligaría a las renovables a pujar con ofertas a la baja en procesos competitivos donde el precio máximo lo fija el Estado, en concreto, “el regulador”. Por contra, en los contratos bilaterales el margen se fija en el marco de la negociación entre las partes.

“Ahí es donde se va a producir el choque entre el Gobierno y las empresas que, por razones obvias, están más por la labor del desarrollo de PPA, donde se respeta el libre funcionamiento del mercado”, apunta un consultor especialista en el sector.

Actualmente, muchas de las grandes eléctricas tienen la mayoría de su energía apalabrada mediante PPA. En el caso de Iberdrola, por ejemplo, la compañía informó en unos de sus últimos resultados trimestrales que el 100% de la producción ya estaba vendida en España para 2022; para 2023, el 90%; para 2024, el 70%; y para 2024, el 50%. Estos contratos son confidenciales, solo las partes saben a cuánto venden y compran esa energía.

Uno de los argumentos a los que aduce el Gobierno para defender su plan de reforma es, precisamente, la opacidad del actual mercado mayorista. Entre los promotores renovables gana fuerza el comentario de que el Gobierno se ha cansado de ser un convidado de piedra en la fiesta de las energías limpias. A través de las subastas, el Ejecutivo trata de ponerse al timón de la transición ecológica, marcando cómo y a qué precio.

Dada la envergadura de la reforma que propone Moncloa, su aplicación exigiría un consenso rotundo por parte de los Veintisiete. El debate se plantea duro. De salir adelante, el cambio normativo sería de un calado histórico y obligaría a las compañías energéticas a replantear sus planes de inversión para adaptar su previsión de ingresos a un nuevo marco donde la rentabilidad del negocio eléctrico, clave para financiar sus inversiones verdes, la fijaría el Estado.