La nueva ley concursal, que está en vigor en España desde ayer, cuenta con un arma que amenaza a los altos directivos. Los acreedores pueden instar a que, en el marco de la negociación de los acuerdos de reestructuración de una empresa con problemas financieros, se cese a la alta dirección y los consejeros ejecutivos de una compañía en esta situación. Y lo pueden hacer sin ninguno de los blindajes con los que los directivos se suelen proteger.
Problemas con las indemnizaciones
Francisco Sainz-Trápaga, socio de Linklaters, considera que el valor de esta medida se basa en que en un contexto de preinsolvencia “el primer interesado” en alcanzar un acuerdo es el directivo, puesto que en liquidación su indemnización sería mucho menos. “Si la sociedad acaba en concurso, un bloqueo del acuerdo para tratar de blindar su contraprestación podría suponer que el propio consejero incurriera en responsabilidad, si con dicho bloqueo hubiera agravado el estado de insolvencia”, añade. Silvia Bauzá, de Allen Overy, apunta a que en caso de no haber acuerdo el juez mercantil puede arbitar la inmenización, en caso de que no hubiese acuerdo entre las partes.
