Los empleos públicos sin oposición acaparan todo el aumento de plazas desde la pandemia

Trabajar para el mayor empleador del país, la Administración pública, se ha considerado siempre una garantía de calidad y, sobre todo —previo paso por una oposición— de estabilidad. Las estadísticas de empleo en el sector público contradicen esta percepción hasta ahora generalizada: desde enero de 2020, poco antes del estallido de la pandemia, se han creado en España 133.415 nuevos empleos públicos.

Sin embargo, casi ninguno de estos puestos ha sido cubierto por funcionarios de carrera y, de hecho, estos se han reducido en 1.142 plazas. Por otro lado, el personal laboral, los interinos y los eventuales han aumentado un 12% (+134.547): ya son 1.273.806, casi uno de cada dos empleados de la Administración, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La Gran Recesión supuso un golpe al empleo público. El total de trabajadores de la Administración crecía desde 2002, hasta que en 2011 la evolución se paró y la mano de obra del Estado empezó a menguar. Ese año se destruyeron 12.658 empleos públicos, y tras un ligero repunte al año siguiente, en 2013 la Administración perdió 109.091 trabajadores. En los años siguientes siguieron destruyéndose puestos, hasta tocar fondo en 2017, con un total de 2.519.280 empleados públicos. Aunque el número total de trabajadores se ha recuperado, la calidad de los puestos no lo ha hecho: en 2007, casi el 60% de los empleados eran funcionarios de carrera, siete puntos más que ahora.

Con cifras de julio —las últimas disponibles— entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y demás corporaciones locales contratan a 2.731.117 personas. De ellos, poco más de la mitad son funcionarios de carrera (1.457.311). Y la tendencia de los últimos años es a la baja: en los últimos diez años el número de funcionarios de carrera se ha reducido casi un 13%. Mientras que los administrados —es decir, la población— han aumentado en más de un millón de personas.

Casi el 60% de los empleados públicos está contratado por las comunidades autónomas. El sector público del Estado —Administración central, de Justicia y a las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado—, engloba el 18,87% del empleo público. El 21,9% restante corresponde a las administraciones locales. De estos, la que tiene mayor proporción de funcionarios es la Administración central, con más del 60%. Dentro de ella destaca la justicia: ocho de cada 10 empleados son funcionarios de carrera.

Las que menos son las corporaciones locales, que tienen apenas un 30%: más de la mitad de sus empleados son personal laboral —que presta servicios para la Administración como si los prestara a una empresa—, y el 15% es o interino o eventual. En el podio por la cola se cuelan las universidades: de sus 165.065 trabajadores, solo 64.260 son funcionarios de carrera, apenas el 40%. La administración general de las comunidades autónomas es la que más interinos o temporales tiene, con casi cuatro de cada diez trabajadores.

Como es lógico, las comunidades con más habitantes son las que concentran el mayor número de empleados públicos: Andalucía es la que más (494.682), seguida de la Comunidad de Madrid (406.682) y Cataluña (337.578). Mientras que en Madrid resaltan los empleados del Estado —allí se encuentran las sedes de los ministerios—, en Andalucía sobresalen los empleados regionales: casi dos de cada diez empleados de las comunidades del país trabaja para la Junta de Andalucía.

Nuevas plazas

Mientras que los funcionarios son cada vez mayores, las oposiciones apenas sirven para cubrir los agujeros, y no llegan a compensar las jubilaciones en el sector público. Cuerpos como el de inspectores de Hacienda se enfrentan a la jubilación de un cuarto de su plantilla en los próximos cinco años. Además, a esta tendencia se ha añadido el estallido de la pandemia, que obligó a retrasar un buen número de convocatorias de oposición.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda —aunque incompletos— indican que más del 60% de los empleados de la Administración del Estado tienen más de 50 años. De ellos, 36.160 superan la sesentena, y 6.253 son mayores de 64 años. La edad de jubilación para 2023, si se quiere cobrar la pensión máxima, es de 66 años y cuatro meses. Aunque esta pueda subir en los próximos años, decenas de miles de empleados públicos del Estado podrían jubilarse en un intervalo de cinco a siete años.

Por ello, desde el Gobierno se han aprobado en los últimos años ofertas récord de empleo: en 2021 fueron 13.417 plazas, más que nunca hasta entonces, porque este año subió la apuesta: 44.788 plazas, repartidas entre 22.009 de nuevo ingreso, 12.142 de promoción interna y 10.637 puestos para estabilizar personal interino. Las correspondientes a Administración General del Estado (27.509) fueron convocadas a finales de enero. A todo ello hay que añadir las reformas que se están debatiendo para hacer más fácil el acceso a plazas A1 dentro de la Administración, que no están siendo bien recibidas por los funcionarios más cualificados.

Temporalidad

A pesar de que la reforma laboral ha contribuido a la reducción de la temporalidad en España, el sector público es el que tiene mayores deberes pendientes: en las empresas privadas, los empleos temporales han pasado del 23,94% en 2021 al 14,8% en 2022, mientras que en las Administraciones apenas se han reducido (30,96% al 30,18%).

Aunque la reforma ha limitado el contrato de obra y servicio, el impacto en el empleo público ha sido menor, porque este tipo de contrato ya era poco común en la Administración. Este 30% de temporalidad —1.064.300 personas— se concentra en el personal laboral temporal, en los contratos de sustitución, y en los funcionarios interinos. Estos suman, junto a los trabajadores eventuales, 664.265 empleados públicos.