Los inspectores de Hacienda alertan sobre el vacío en la plantilla que dejará la ola de jubilaciones prevista para el próximo lustro. “Tenemos un problema de cobertura de los puestos de trabajo”, ha asegurado este viernes Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado. La falta de personal viene de lejos, pero no ha logrado solucionarse con el paso del tiempo. Los funcionarios de la Agencia Tributaria han ido menguando tras la crisis de 2008 por la congelación de las tasas de reposición. Ahora hay unos 26.000 efectivos. El objetivo es llegar primero a 28.000 empleados, para luego lograr 30.000 y así acercarse a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero la jubilación de un cuarto de la plantilla de aquí a cinco años, equivalente a unos 7.000 trabajadores, complica cumplir con estas metas.
“El número de acceso no cubre las jubilaciones”, ha subrayado el expresidente de la asociación, José María Peláez, durante el XXXII Congreso de los inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra estos días en Granada bajo el título Propuesta para la Reforma de las Administraciones Tributarias. La organización ha lamentado que las soluciones propuestas por Función Pública pasen por simplificar las oposiciones y la promoción interna, lo que amenaza, consideran, la eficiencia y calidad de la Administración.
“No puede ser una recuperación a cualquier precio. No se trata de cuantos más mejor. Más vale 10 bien preparados que 50 de los que estén preparados cinco”, ha ejemplificado Ana de la Herrán, vicepresidenta de la asociación de inspectores, durante la presentación de un documento con una batería de medidas para reformar la Agencia Tributaria. Peláez ha reconocido que “no existen fórmulas mágicas”, y que aunque se convocaran oposiciones masivas no habría recursos suficientes para garantizar la formación de los nuevos funcionarios.
Presencia en el exterior
El documento presentado este viernes hace hincapié en reforzar la independencia del organismo y garantizar que no haya politización. En este sentido, los inspectores piden que se apruebe el estatuto de la institución, que lleva pendiente desde 1992. Y critican el uso cada vez mayor de los puestos de libre designación para los cargos más altos. Peláez ha alertado que desde 2014 las plazas de jefe de equipo se asignan en función de este criterio, y no a través de una oposición, pese a ser puestos técnicos.
Los inspectores también han reclamado tener más presencia en el exterior, con el “mantenimiento y ampliación” de la red de consejerías financieras en los países con los que España mantiene más relaciones. Se trata de puestos en las Embajadas que, según el cuerpo, permitirían mejorar la cooperación y el intercambio de información en materia tributaria, y que en lugar que potenciarse se están suprimiendo en varios países. “Contribuiría a la lucha contra el fraude. Son puestos importantes, pero no tienen funciones definidas. Queremos que esas funciones se definan y se regulen”, ha explicado Pérez Boga, que en la clausura del acto ha anunciado que no seguirá como presidente de la asociación.
Entre las antiguas reivindicaciones de los inspectores que aparecen en el documento ―”medidas muy importantes, que no se han aplicado”, ha subrayado Pérez Boga— están la reorganización interna del organismo para evitar solapamientos entre departamentos, la creación de una oficina nacional antifraude y de una policía fiscal. También reclaman que la Agencia se encargue de la gestión recaudatoria de toda la Administración a nivel estatal, y compartir las bases de datos con la Seguridad Social para impulsar la lucha contra el fraude.
Asimismo, piden estrechar la colaboración y mejorar la gestión conjunta de la información con las Administraciones tributarias autonómicas y no cederles “ninguna nueva competencia gestora en los tributos existentes que suponga una pérdida de la eficacia en la lucha contra el fraude y en la dispersión de la información”.
