Pensionistas, ricos y profesionales que no pueden acogerse a la ‘ley Beckham’: estos son los capitales que atraerá Madrid con su nueva rebaja fiscal

“Que invierta su patrimonio en lo que quiera y cuanto quiera”. El último órdago fiscal de Isabel Díaz Ayuso llega en víspera de los comicios autonómicos de primavera, abre otro frente de batalla con el Ejecutivo central y se sumaría a los generosos incentivos ya vigentes en la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid pretende con ello ganar residentes procedentes del exterior, siempre y cuando estén dispuestos a realizar una inversión, aunque esta no sea en la región. A cambio, promete una rebaja en el IRPF que no tiene igual en otras comunidades: una deducción en el tramo autonómico del 20% de lo invertido a disfrutar en la declaración de la renta de los siguientes seis años. Si el incentivo logra ver la luz —ha sido anunciado hace unos días y aún no hay más concreción— competirá directamente con los beneficios estatales y atraerá, más que a inversiones productivas, a grandes patrimonios, pensionistas con elevada capacidad y profesionales en activo que no se puedan beneficiar de las ventajas de la nueva ley de start-ups para atraer talento desde el exterior.

Varios expertos fiscalistas coinciden en ello: la última flecha lanzada por la presidenta popular en la diana de Hacienda, la enésima de una comunidad que ha convertido la rebaja de impuestos en uno de sus emblemas, es un incentivo adicional a los ya existentes, más funcional para la atracción de residentes que de inversiones. Primero, porque no obliga a invertir en Madrid salvo se trate de inmuebles; segundo, porque los incentivos estatales en el IRPF para trabajadores cualificados e inversiones son mucho más potentes. No es casualidad que Díaz Ayuso subrayara que va a ser un “contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez”.

El plan de la Consejería autonómica de Hacienda es que la medida ya entre en vigor este año. Podrán acceder a la rebaja madrileña quienes hayan vivido por lo menos cinco años en el extranjero e inviertan, sin límite mínimo ni máximo de importe, en cualquier tipo de activo —excluidas las inversiones empresariales, una categoría donde solo puede aprobar incentivos el Estado—: acciones de empresas, viviendas, obras de arte, fondos de inversión… Solo los inmuebles deben radicar en Madrid; en todos los demás casos, la inversión puede dirigirse más allá de las fronteras regionales.

“Es un incentivo bastante agresivo, en el sentido que ninguna comunidad tiene este tipo de deducción en cuota”, valora Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Asesores Fiscales del Consejo de Economistas (REAF-CGE). De hecho, los incentivos autonómicos en el IRPF para la inversión son menos generosos —salvo las excepciones del régimen especial canario, justificado por la insularidad, que Baleares acaba de copiar—, suelen estar circunscritos a ámbitos específicos, generalmente vivienda y empresas de nueva creación, y estar limitados a pocos miles de euros. Las ventajas por cambio de residencia son, en cambio, escasas. Las hay para zonas despobladas y alguno que otro incentivo puntual. Asturias, por ejemplo, permite deducir el 15% de los gastos causados por el traslado de profesionales que desarrollen trabajos relacionados con la investigación y desarrollo, actividades científicas o de carácter técnico, pero solo hasta un máximo de 2.000 euros.

Incentivos estatales

Las ventajas estatales en el IRPF para los trabajadores desplazados y por invertir en nuevas empresas, ambos ampliados este año gracias a la nueva ley de start-ups, son mucho más generosos y accesibles que los incentivos autonómicos. La deducción por invertir en una sociedad de nueva o reciente creación ha subido del 30% al 50% de las cantidades aportadas, hasta una base máxima de deducción de 100.000 euros —antes eran 60.000 euros—. También se ha simplificado el acceso al régimen especial de impatriados, antes conocido como ley Beckham, a través del cual los trabajadores cualificados pueden tributar en el IRPF a una tarifa plana del 24% —en lugar del 48%— hasta los 600.000 euros durante seis años. Ahora será suficiente con haber vivido durante cinco años fuera de España, frente a los diez previstos anteriormente, se podrán acoger a ello también los nómadas digitales y el cónyuge e hijos menores de 25 años.

“Los trabajadores extranjeros suelen mirar más el tipo nominal que una deducción autonómica en concreto”, asegura Gimeno. “Es un incentivo que se suma a la pléyade de ventajas fiscales que tienen las comunidades, pero la ley Beckham es más potente y no exige invertir nada”, dice Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. También cree que la nueva deducción madrileña podría atraer a quienes puede aplicar el régimen de impatriados, como pensionistas o grandes patrimonios, por ejemplo ricos latinoamericanos o contribuyentes que quieran regresar a España. “Alguien que de alguna forma ya estuviera dispuesto a mudarse. Un traslado físico lo complica todo, y quien tiene mucho dinero no se fija en una pequeña rebaja de impuestos”.

Además, Madrid tiene competidores muy cercanos en este ámbito. El vecino Portugal también contempla un ventajoso régimen para profesionales desplazados y ofrece además beneficios fiscales a pensionistas extranjeros. Javier Seijo, socio responsable de Tributación de Empresas, Private Tax y de la práctica de Real Estate Tax de EY, cree sin embargo que la nueva ventaja madrileña, que tacha de “innovadora” y “potente” a expensas de conocer más detalles, podría competir con el régimen luso. Y asegura que el incentivo ya ha despertado la atención de algunos de clientes.

Seijo coincide en que la medida atraerá a más residentes que a inversiones, pero de distintos perfiles: desde profesionales o asalariados que vienen a trabajar por cuenta propia o ajena y no pueden acogerse al régimen de no residentes, hasta pensionistas con elevado poder adquisitivo. Personas con mucha movilidad, que antes iban a pagar el impuesto de solidaridad y por ello se planteaban ir a otro lugar, son claros beneficiarios de ello”, señala. “Además, la medida pone a España otra vez en igualdad de condiciones ante países que aplican beneficios fiscales para los extranjeros como Portugal, compensando en parte el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas”.

Otra derivada es que se desate una nueva carrera fiscal a la baja entre comunidades, como ya ocurrió con el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones. “Todo nos hace vaticinar que podría ocurrir. Produce un gran incentivo a que la comunidad de al lado se sume a la rebaja”, señala Pérez Boga.

Competencia

Madrid fue pionera en suprimir el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que gestionan las comunidades y que grava el conjunto de la riqueza de los más acaudalados. La autora material de la rebaja fue la mentora de Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, quien bonificó el impuesto al 100% hace más de 10 años. Un movimiento criticado por otros barones regionales —con acusaciones de competencia desleal— y que acaba de ser de facto neutralizado por el impuesto temporal a las grandes fortunas para 2023 y 2024, un tributo que Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Según Díaz Ayuso, su nuevo incentivo intentará corregir los “desmanes” del Gobierno y no solo atraerá el patrimonio “de los ricos”, sino también “a la clase media y a los jóvenes que se fueron de España huyendo” de las políticas del PSOE. LLanos Castellanos, número dos de los socialistas en Madrid, cree al contrario que la medida se dirige a contribuyentes con elevado poder adquisitivo, que supone un movimiento “desesperado” que supone un reconocimiento de la pérdida de posición en atracción de inversión extranjera y que se quedará en un “brindis al sol” lanzado antes de las elecciones que choca con la falta de apoyos en la Asamblea regional. “El Gobierno autonómico no ha podido ni sacar los Presupuestos, no tiene capacidad para aprobar ninguna regulación con rango de ley”, argumenta. Critica, además, que el anuncio no orienta la inversión hacia ningún eje estratégico. La dirigente política añade que la formación está estudiando la legalidad de la medida, pero que de momento es complicado hacer un examen riguroso por la falta de detalles.

Lo evidente es que el frente de batalla abierto desde hace tiempo entre la comunidad y el Gobierno central en el ámbito fiscal se va recrudeciendo en víspera de los comicios. Madrid mantiene la estrategia marcada por el PP desde que llegó al gobierno autonómico hace 30 años: atraer rentas altas y riqueza a golpe de rebajas de impuestos directos, una estrategia que puede permitirse por su efecto capitalidad. A cambio, los nuevos residentes consumirán y gastarán en la comunidad, lo que le permitirá recaudar más por otros impuestos como el IVA. En el otro lado está el Gobierno de Sánchez, que defiende el mantra de que quien más tiene más debe aportar y ha elevado la imposición tributaria a quien considera que se está beneficiando de la actual crisis, con nuevos gravámenes al sector bancario, energético y los más ricos.

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