El Gobierno prevé unos ingresos tributarios récord para 2023 en el proyecto de Presupuestos que presentará este jueves en el Congreso. La recaudación subirá en unos 18.000 millones hasta los 262.000 millones, un incremento que servirá para apuntalar el gasto público ante los embates de la inflación y de un menor crecimiento. A esta cifra se le sumarán las cotizaciones sociales y otros recursos. Con ellos tendrá que financiar la subida de las pensiones, la partida más cuantiosa, por valor de 19.000 millones de euros al revalorizarlas con el IPC. Aumentará el sueldo de los funcionarios entre un 2,5% y un 3,5%, dependiendo de la inflación y el crecimiento. En general, subirán casi todas las rúbricas salvo los servicios de carácter general y el gasto por desempleo.
Las cuentas de 2023, las últimas de la legislatura, proyectan aumentos del gasto en partidas como vivienda, becas, plazas universitarias para futuros médicos, cultura, igualdad o servicios sociales, como dependencia o el ingreso mínimo vital. Algunas de ellas son concesiones al socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y crecerán mucho en porcentaje, aunque se trate de cantidades más pequeñas sobre el conjunto del gasto público. Se mantendrá como una política estructural la gratuidad de los trenes de cercanías, media distancia y Rodalies, argumentando su impacto medioambiental y el ahorro energético. Se ampliará la ayuda de 100 euros por hijo de cero a tres años a mujeres que no trabajan; a partir del séptimo mes ya no caerá del 60% al 50% la base reguladora con la que se calcula la prestación por desempleo y el IPREM, que sirve para calcular los subsidios, alcanzará los 600 euros. También se elevará el gasto en defensa para cumplir con los compromisos internacionales en un momento de tensiones geopolíticas.
Con todos estos aumentos, el gasto social repuntará un 10,5%, hasta rebasar los 266.000 millones de euros. Dos tercios se destinarán a las pensiones, que subirán un 11,4% entre la revalorización del 8,5%, el aumento del número de pensionistas y el efecto de incorporar prestaciones más altas.
Este manguerazo de gasto público se produce a ocho meses de las elecciones autonómicas y a unos 12 meses de las generales, después de un encendido debate político sobre el papel de los impuestos. El Gobierno, tras semanas de rifirrafe con la oposición, anunció un paquete fiscal con, por un lado, subidas tributarias para ricos, rentas del capital y grandes sociedades consolidadas y, por otro, bajadas en el IRPF para trabajadores de bajos ingresos, autónomos y pymes. El saldo de estas medidas, a lo que se unen los nuevos impuestos a banca y energéticas, supondrá una recaudación adicional superior a los 6.000 millones al año para las arcas públicas. Estos ingresos no están contabilizados en los Presupuestos, y servirán para apuntalar el paquete de medidas antinflación cuya prórroga se evaluará a final de año y que contiene la bonificación a los carburantes o las rebajas impositivas en la luz.
La inversión real superará la cota de los 10.000 millones de euros y las operaciones de capital los 31.000 millones gracias al apoyo de los fondos europeos. Más de 20.000 millones de euros que se sumarán a las inyecciones de este año y el anterior que todavía no se han ejecutado. El Gobierno confía en mejorar su despliegue, que aún no ha alcanzado la velocidad de crucero, para mejorar las cifras de crecimiento económico. Mientras que el Ejecutivo pronostica un avance del PIB del 2,1% para el año que viene, el Banco de la España y la Autoridad Fiscal vaticinan un 1,4% y un 1,5%, respectivamente. Consideran que habrá una ralentización importante entre la segunda mitad de este año y principios del próximo debido a la crisis energética, la inflación, el endurecimiento de las condiciones financieras y una menor demanda global. De producirse un empeoramiento muy acusado de la economía, los ingresos podrían alejarse de las expectativas del Gobierno y se complicaría el cumplimiento de las cuentas y la reducción del agujero presupuestario, que a cierre de este año se estima en el entorno del 5%, más de 60.000 millones de euros.
Por otra parte, el Ejecutivo gana algo de margen infrapresupuestando dos partidas que podrían ser más elevadas. El gasto en prestaciones por desempleo cae un 5% hasta los 21.000 millones a pesar de las medidas para mejorarlas y el frenazo económico. El desembolso en intereses de la deuda solo sube un 3% hasta los 31.000 millones cuando ya está creciendo un 15% este año y los tipos de mercado todavía pueden escalar más. Además, se recorta en cerca de 5.000 millones hasta los 25.000 millones el cajón de sastre de los servicios de carácter general, y se congelan las transferencias corrientes, probablemente porque hayan dejado de estar afectadas por algún gasto relacionado con la covid. Justicia y Agricultura se quedan con sus fondos prácticamente igual.
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