La vicepresidenta tercera interviene en la negociación entre la CNMC y el regulador francés para evitar un acuerdo desfavorable para los consumidores españoles
El idilio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, alcanzó su cénit el pasado jueves con la rúbrica del Tratado de Amistad. La cumbre hispanofrancesa dio muestra de una creciente sintonía entre ambos gobiernos, que han aparcado buena parte de sus diferencias para hacer frente común contra la crisis energética. Pero Francia y España libran un pulso que, según fuentes del sector, también se abordó en el encuentro bilateral de la semana pasada: el sobrecoste de 1.300 millones de la interconexión eléctrica submarina a través del Golfo de Vizcaya.
El objetivo del proyecto, impulsado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, es aumentar la capacidad de intercambio de electricidad entre España y Francia hasta los 5.000 megavatios (MW,) frente a los 2.800 MW actuales. El presupuesto original, de unos 1.750 millones de euros, ha resultado insuficiente. Dificultades técnicas no previstas en el plan original y un incremento exponencial de los precios energéticos y de las materias primas han disparado la partida de costes, obligando a ambos países a elevar su aportación al proyecto, como avanzó CincoDías.
Fuentes del entorno de Redeia (antes Red Eléctrica), empresa responsable del proyecto de interconexión que gestiona en paridad con su homóloga francesa (Résseau de Transport d’Électricité), aseguran a EL MUNDO que los datos más recientes que se manejan cifran el presupuesto final de la infraestructura en 3.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 77% respecto al plan inicial.
Los reguladores sectoriales de ambos países, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la parte española y la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) por la parte francesa, son los organismos competentes para negociar la división de ese sobrecoste. Francia quiere mantener el reparto original, por el que el país galo asumía menos del 30% del coste total, frente al poco más del 40% de España y el 30% que financiaba Europa.
Fuentes del sector aseguran que ambos organismos reguladores llegaron a un punto de encuentro recientemente. La CNMC habría presentado al Pleno del consejo del regulador el resultado de dicha negociación. El acuerdo preliminar partía de un coste total de 2.700 millones de euros que, a raíz de las últimas actualizaciones, habría vuelto a quedar obsoleto. Además, éste volvía a beneficiar a Francia frente a España.
Fuentes de Competencia aseguran que el Pleno aún no ha aprobado el citado acuerdo. La razón a la que aducen fuentes empresariales para explicar que el documento no haya sido ratificado oficialmente por el órgano de gobierno de la CNMC es la entrada en escena de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien habría intervenido personalmente para frenar un trato que agudizaba las diferencias en la relación pirenaica.
Las mismas fuentes señalan que la propia Ribera habría contactado con el Gobierno francés (apuntan a su homóloga gala, Agnès Pannier-Runacher), para activar la vía diplomática y reajustar el acuerdo alcanzado por los reguladores. El pulso del Golfo de Vizcaya habría aflorado en la reciente cumbre hispanofrancesa, a la que Teresa Ribera acudió como miembro de la comitiva que acompañó a Pedro Sánchez. Ni la CNMC ni Transición Ecológica han respondido a las preguntas de este medio sobre la intervención del Gobierno en este asunto.
El corredor eléctrico por el Golfo de Vizcaya avanza con un considerable retraso. El calendario actualizado por Red Eléctrica prevé que las obras arranquen en 2024, quedando la puesta en marcha de la infraestructura para más allá de 2027. Originalmente, se esperaba que la interconexión pudiera estar operativa en 2025.
En el actual contexto de crisis energética el proyecto de interconexión eléctrica submarina entre Gatika (cerca de Bilbao) y la subestación de Cubnezais (en la región francesa de Aquitania) es aún más prioritario para la Unión Europea, que ya lo calificó como Proyecto de Interés Común (PIC) en 2013. Su puesta en marcha es un paso más hacia la independencia energética europea, ya que supone ampliar la capilaridad de la red eléctrica del continente, lo que refuerza la seguridad y la calidad del servicio en un momento de ruptura con Rusia, un aliado histórico para el abastecimiento energético de Europa.
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